SOS: EL GUADALQUIVIR CONDENADO A SER UNA GIGANTESCA CLOACA DE AGUAS TÓXICAS VENENOSAS PROCEDENTES DE LA MINERIA.
¡SALVEMOS EL GUADALQUIVIR DE LA CATASTROFE INMINENTE!
La Junta de Andalucía autoriza vertidos de 130.000 millones de litros de aguas altamente tóxicas y venenosas directamente en el Estuario del Guadalquivir, procedentes de dos minas distintas tras una depuración insuficiente: Mina Los Frailes situada en Aznalcóllar (en su próxima reapertura desde el desastre de 1998) y Mina las Cruces, situada entre Gerena, Salteras y Guillena (ambas en la provincia de Sevilla).
La Mina Los Frailes, propiedad de Grupo México, construirá una tubería de 30 km desde las minas de Aznalcóllar para derramar 85.520 millones de litros de agua con metales pesados tóxicos, según reconoce la propia empresa, directamente en el cauce del Estuario del Guadalquivir, que se sumarán a los vertidos de 44.460 millones de litros de agua procedentes de la tubería de 12 km desde Minas las Cruces, propiedad de Fisrt Quantum, que reconoce que portará también metales tóxicos diluidos. En total 130.000 millones de litros.
130.000 millones de litros de aguas tóxicas venenosas se verterán directamente al Estuario del Guadalquivir sin estudios adecuados de impacto de acumulación en sedimentos y biota.
Todo para el máximo beneficio de corporaciones extranjeras multimillonarias que no pagan ningún tipo de canon, para extraer la riqueza minera de nuestra tierra, recibiendo además subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía, del gobierno central y de Europa, mientras saquean el agua de nuestros acuíferos más necesarios y emiten residuos masivos potencial y altamente tóxicos para la salud de las personas y el medio ambiente.
Lo que denominan engañosamente “sector estratégico” para el empleo mantiene los mismos rasgos del “extractivismo minero colonial” que asoló Andalucía desde mitad del siglo XIX. Esto significa que, en poco tiempo, nuestra tierra será despojada de su riqueza minera hasta el “agotamiento de la extracción”, dejando nuestros ríos contaminados y nuestros acuíferos sobre explotados y contaminados. Es decir, un medio ambiente degradado con gravísimas consecuencias para sectores económicos que viven del patrimonio natural que provee la vida del Guadalquivir.
La Junta de Andalucía puso en marcha un concurso para la reapertura de la Mina Los Frailes en Aznalcóllar, que fue adjudicado, de manera apresurada y presuntamente fraudulenta, en febrero de 2015, en favor del consorcio Minorbis-Grupo México, sin embargo, la posterior aceptación fue firmada por la empresa Minera Los Frailes S.L. (propiedad de Grupo México en un 97,31%). Este concurso minero ha sido denunciado y se encuentra sometido a dos procesos judiciales tanto por la vía administrativa como por la vía penal.
En Julio de 2024, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía firmó la denominada Autorización Ambiental Unificada (AAU) y, a pesar de las sustanciales y fundamentadas alegaciones de grupos ecologistas, la tramitación para la reapertura de la Mina se encuentra ya en su fase final en la Consejería de Industria, Energía y Minas, teniendo el objetivo de comenzar las obras de este proyecto minero que va a devastar el estuario del Guadalquivir a principios del año 2025.
¿Extraer toda la riqueza minera?; ¿a cambio de qué?
Al contrario que en otros países, en España, no hay canon por la concesión de recursos mineros que pertenecen al dominio público, estos derechos de extracción se adjudican a empresas mediante un procedimiento que denominan “concurso” pero sin que exista contraprestación. A esto se suma que las multinacionales que han recibido estos recursos minerales pueden venderlos, una vez extraídos, sin límites o restricciones legales en el mercado internacional.
A este despropósito, hay que añadir que la administración andaluza, estatal y europea subvencionan con fondos públicos gran parte del teórico empleo que aparentemente genera la industria minera, además de apoyar las campañas públicas de marketing para asegurar la aceptación social mediante el clásico método de “propaganda”.
La catástrofe inminente para el Estuario del Guadalquivir.
Este proyecto de reapertura incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que, partiendo del recinto minero de Aznalcóllar y pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, termina en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla ciudad, exactamente frente al Estadio de la Cartuja.
Por la indicada tubería de 30 kilómetros y a lo largo de más de 18 años, se verterán en el cauce del Guadalquivir un total de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados. Este vertido de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas se sumará, en el mismo cauce del Guadalquivir, a los 11.700 millones de litros de aguas tóxicas ya vertidas por Mina Las Cruces (entre 2009 y 2022) y los 32.760 millones de litros que esta mina verterá durante 14 años (autorizados por la Junta de Andalucía para el nuevo proyecto de minería subterránea de Mina las Cruces).
En total serán 85.520 (Mina Los Frailes de Aznalcóllar) + 44.460 (Mina Las Cruces): 129.980 millones de litros. 130 mil millones de litros de aguas toxicas venenosas directamente al cauce del Guadalquivir sin estudios adecuados de impacto de acumulación en los sedimentos y la biota
Se dará un proceso de depuración de las aguas por parte de las empresas mineras, pero insuficiente según consta en la documentación de las compañías. La carga contaminante acumulada total vertida al estuario del Guadalquivir mantiene un alto contenido en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales.
Inicialmente (en la primera fase de la apertura de Mina Los Frailes que, además, es la de mayor peligro) se pretende verter 17.520 millones de litros de aguas contaminadas en menos de 18 meses. De ellos, 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de los Frailes, que contiene aguas ácidas y otros 2.520 millones de litros del vaciado de la Corta de Aznalcóllar, cuyo contenido es extremadamente ácido y metálico, lugar donde están almacenados los lodos tóxicos desde 1998. Posteriormente se verterían 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.
Estos vertidos podrían envenenar el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y a las puertas del Parque Natural de Doñana. Esto pondría en grave peligro, no solo la integridad de los ecosistemas, sino la salud de las personas y la seguridad alimentaria, pues el estuario abastece de agua a una proporción importante de los arrozales, de la agricultura de riego comarcal, siendo además un vivero fundamental de mariscos y pescados que se esparcen de adultos por el Golfo de Cádiz, siendo la base de la economía de los pescadores.
A estos vertidos contaminados los denominan “agua casi potable” que es un tecnicismo lingüístico creado para confundir, ya que si fuese agua realmente casi potable o cercana a la potabilidad no sería necesaria una tubería de 30 Km y podría ser utilizada para el regadío de los campos en la agricultura.
En el proyecto inicial de la promotora minera se pretendía canalizar todas esas aguas tóxicas y venenosas hacia el cauce del río Guadiamar. Sin embargo, esto fue rechazado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por exceder los límites de contaminación permitidos para los ríos.
Entonces lo lógico, en consonancia con la obligación de la administración pública de proteger el interés público y el medio ambiente, habría sido obligar a la empresa promotora a cumplir con los límites permitidos de contaminación para el río Guadiamar, pero los responsables de la consejería que tramita la AAU de la Junta no optaron por exigir a la empresa el cumplimiento de los mínimos de depuración para ríos, sino que “escogieron” enviar los vertidos al “estuario” del Guadalquivir que, por desgracia no goza de la misma protección legal que cuando se denomina “rio”. Sin embargo, es una realidad que los estuarios, en general, se encuentran igualmente condicionados por los factores de contaminación.
Cuando se decide aprovechar el hueco legal para enviar 130.000 millones de litros de aguas residuales tóxicas al cauce del estuario Guadalquivir, ni la Junta de Andalucía ni la promotora minera, han realizado los estudios necesarios e imprescindibles de impacto acumulativo eco-tóxico en sedimentos y la biota para evaluar los efectos en dicho estuario.
No se ha tenido en cuenta tampoco, por ejemplo, que hay estudios que demuestran que el Guadalquivir ya se encuentra contaminado en sus sedimentos aguas debajo de donde se ha realizado el primer vertido de Minas Las Cruces. Y tampoco se ha tenido en cuenta que se han autorizado a la propia Mina de Las Cruces a verter otros 32.760 millones de litros.
Por último, hay que destacar que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que se encuentra entre los espacios naturales protegidos que serían afectados por estos vertidos, no ha sido convocado o notificado durante la tramitación de esta Autorización ambiental Unificada.
A esta catástrofe inminente le precede el mayor desastre ambiental ocurrido en España que fue previamente denunciado y pudo haber sido evitado.
En 1998, con el mismo telón de fondo de la explotación minera de Aznalcóllar, tuvo lugar un descomunal desastre medioambiental de la rotura de la balsa de lodos mineros anexa a la mina, rotura que diversos indicadores geofísicos anunciaban desde algunos años antes, y que fueron debidamente advertidos a las autoridades de Boliden y de la Junta, pero desoídos por los responsables.
No es menos significativo destacar que, después de la mayor catástrofe ambiental de toda la historia de la minería en España, en lugar de actuar con precaución, cautela y buen criterio, la administración ha tramitado con apresuramiento un denominado concurso presuntamente fraudulento que se encuentra en vía judicial penal, adjudicando a Grupo México la reapertura de la mina donde se produjo el desastre. Grupo México es una multinacional minera con una lista significativa de desastres medioambientales, humanos y sociales, como el mayor desastre ecológico en la historia de México, el 6 de agosto de 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 MILLONES de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Municipios y espacios naturales protegidos que podrían ser afectados por la contaminación derivada de los vertidos tóxicos mineros en el Estuario del Guadalquivir:
Sevilla, Alcalá del Río, La Rinconada, La Algaba, Santiponce, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, La Puebla del Río, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de San Juan, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda.
1.- Paraje Natural Brazo del Este. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar.
2.- Zona de Especial Conservación ‘Bajo Guadalquivir’. Reserva de la Biosfera
3.- Parque Natural de Doñana. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera
4.- Parque Nacional de Doñana. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera
5.- Monumento Natural Corrales de Rota
6.- Parque Natural Bahía de Cádiz. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar.
7.- Parque Natural la Breña y Marismas de Barbate. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA)
8.- Parque Natural del Estrecho. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera
9.- Paraje Natural ‘Playa de los Lances’. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.
No podemos consentir el sacrificio de nuestro patrimonio sagrado, la contaminación irreversible del “río grande del pueblo andaluz” que es el legado natural de nuestra tierra y agua que tenemos la obligación de mantener y cuidar. Es una llamada espiritual, ética y práctica a reconocer, cuidar y mantener lo que tiene valor, lo que es justo, bueno y bello para todos;
Es también una llamada a la acción consciente para alejarnos de la mentira de un falso “progreso estratégico” haciendo del Guadalquivir una gigantesca cloaca de residuos mineros.
POR TODO LO EXPLICADO:
¡SALVEMOS EL GUADALQUIVIR!
1. Manifestamos un No rotundo a los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir. No podemos consentir que el río grande del pueblo andaluz se convierta en una cloaca de vertidos tóxicos mineros. El Estuario del Guadalquivir es fuente de Vida y de sustento para los andaluces, no una cloaca para el mayor beneficio de multinacionales.
2. La Junta de Andalucía debe tener en cuenta los informes de científicos de reconocido prestigio de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla, que han realizado revisiones específicas para evaluar de manera objetiva los impactos de estos descomunales vertidos en el Estuario del Guadalquivir, y varias publicaciones científicas que demuestran la contaminación por metales pesados ya existente en el estuario interior.
3. Como alternativa a los vertidos tóxicos, la Junta de Andalucía debe exigir a las empresas mineras (Minera Cobre Las Cruces y Minera Los Frailes) la puesta en marcha de un sistema de depuración completa del agua mediante osmosis inversa (membranas). El agua depurada podría usarse para un aprovechamiento sostenible en la comarca, generando empleo y riqueza ambiental.
4. Que, en todo caso, se forme una COMISIÓN DE CIENTÍFICOS INDEPENDIENTES de universidades andaluzas que aseguren, de modo independiente, el seguimiento de todos los procesos de extracción minera.
5. El modelo “colonialista de extractivismo” debe ser revisado y modificado para establecer la suficiencia de avales, garantías de restauración y mecanismos de control efectivo para salvaguardar los derechos laborales, sociales y medioambientales. Igualmente, hay que asegurar el principio de “quien contamina paga” y derogar el régimen de subvenciones públicas y ventajas fiscales especiales para multinacionales mineras.