Mina Las Cruces
GERENA – SALTERAS – GUILLENA
1. Un yacimiento explotado bajo un acuífero considerado reserva estratégica de agua para el consumo.
Mina Las Cruces es un complejo minero de extracción de cobre situado entre los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena (provincia de Sevilla) explotado por la empresa “Cobre Las Cruces S.A.” que, desde 2013, pertenece como filial a la corporación multinacional canadiense “Firs Quantum Minerals Ldt” la cual cotiza en la bolsa de Toronto.
En cuanto a su tamaño, Mina Las Cruces es la mayor corta minera a cielo abierto de cobre en Europa con 1.600 m de longitud, 900 m de diámetro y 240 m de profundidad, atravesando el acuífero Gerena-Posadas. Operó durante más de una década como mina a cielo abierto hasta que en 2021 agotó la extracción.
Durante esos años la multinacional canadiense batió records de beneficios llegando casi 600 millones de euros.
El yacimiento que explota la mina se encuentra bajo el acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En su actividad, ha utilizado más de 10 millones de metros cúbicos (10.000 millones de litros) de agua sin autorización, procedente del acuífero Gerena-Posadas, destinado legalmente a reserva de agua para el abastecimiento urbano del área metropolitana de Sevilla.
La planta de procesado del mineral ha implicado el vertido de casi 10 mil millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir, mediante una tubería de 12 km, hasta el punto de vertido en La Algaba (Sevilla), directamente al estuario del Guadalquivir.
La licencia urbanística para el dispositivo de vertido fue denegada en su día por el Ayuntamiento de La Algaba, pero la empresa minera consiguió una medida cautelar para instalarla, posteriormente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con la obra ya finalizada. El Ayuntamiento de La Algaba otorgó finalmente la licencia mediante un convenio urbanístico a cambio de 600.000 euros.
2. Miles de toneladas de cobre.
La planta hidrometalúrgica de Cobre Las Cruces ha producido 670.000 toneladas de cobre de máxima pureza desde 2009 y ha conseguido unos beneficios de 590 millones de euros.
En todo el proceso han usado de forma ilegal más de 10 millones de metros cúbicos(m3) de aguas subterráneas protegidas del acuífero, lo que demuestra la inutilidad del sistema actual de la mina como mecanismo de protección. Además, su proceso industrial ha vertido casi 10 mil millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir, mediante una tubería de 12 km, hasta el punto de vertido en La Algaba (Sevilla), directamente al río Guadalquivir. Todo esto fue autorizado por el entonces director general de Prevención y Calidad Ambiental, Juan Espadas.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) impuso la implantación de un sistema de drenaje-reinyección, es decir, un circuito cerrado de extracciones y reinyecciones de aguas subterráneas que afecta a unas 20.000 hectáreas. Este sistema de drenaje siempre ha garantizado la extracción seca del mineral, pero nunca ha cumplido su función de protección medioambiental, consistente en reinyectar las aguas subterráneas drenadas y evitar su contaminación.
En mayo de 2008, se paralizó la profundización de la corta porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir detectó niveles altos de contaminación, fundamentalmente por la presencia de arsénico en el acuífero. Debido a estos hechos fueron juzgados y condenados, en septiembre de 2016, a los tres máximos altos cargos de la empresa Cobre Las Cruces por un delito contra el medioambiente y otro por daños al dominio público.
Cobre Las Cruces ha sido sancionado continuamente por detracciones ilegales de aguas subterráneas de este acuífero entre 2014 y 2018. Sin embargo, estas actuaciones que pusieron en peligro muy grave a esta reserva de agua de Sevilla, apenas les costó unos pocos millones, una minucia en comparación con sus cuantiosos beneficios que solo en 2014 fueron de unos 153 millones de euros.
3. El saqueo continuado de agua con autorización.
El diseño original del sistema de drenaje, autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, debía reinyectar el agua que se sacaba del acuífero, con una pérdida máxima de 180.000 metros cúbicos por año, que se compensaba con la clausura de tres pozos de riego. En julio de 2009, para frenar la contaminación con arsénico, se modificó la autorización del sistema de drenaje-reinyección mediante el llamado Plan Global de Gestión de Aguas, que incorpora un sistema de depuración permanente por ósmosis inversa, lo que supone la generación de 1.200.000 m³/año de aguas de rechazo que no pueden introducirse en el acuífero, y que debían ser compensadas. También se autorizó el uso de esas aguas de rechazo y las de fondo de corta de la mina, ambas con fuerte contaminación metálica, para consumo del complejo minero.
Así, el drenaje de la mina deja de ser un sistema cerrado separado del resto de sistemas de gestión de aguas y no es capaz de mantener la cantidad de agua del acuífero. En octubre de 2013 se modificó nuevamente la autorización del sistema de drenaje-reinyección, incluyendo la compensación de esas pérdidas. Esto se hizo mediante la compra de derechos de otros pozos del entorno y por medio de la recarga artificial del acuífero con aguas procedentes del vertido de una estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Sevilla, lo que generó una importante alteración química del acuífero.
En 2020, Ecologistas en Acción Andalucía analizó los volúmenes de aguas subterráneas manejadas por la empresa Cobre Las Cruces entre abril de 2009 y mayo de 2019. Los datos iniciales los aportó la propia explotación. A partir de noviembre de 2010, tras la contratación por la Administración de un hidrogeólogo residente (técnico contratado para el control de esta mina, pagado por la empresa y dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), los datos han quedado recogidos en sus informes bimensuales: un total de 51 informes hasta mayo de 2019.
Con esa información y hasta esa fecha, Ecologistas en Acción de Andalucía ha computado un desfase de más de 13 mil millones litros (cifra exacta: 13.830.096 m³) de aguas extraídas y no reinyectadas. Y, además, en todo ese periodo se han superado los dos millones de metros cúbicos de derechos de agua adquiridos, en total: 2.694.920 m³ de derechos adquiridos por la mina Las Cruces y 1.010.988 m³ de aguas recargadas en el acuífero procedentes de la depuradora de Sevilla.
4. Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración.
En 2003 la Junta de Andalucía otorgó concesión de explotación a Cobre Las Cruces, atendiendo a la Declaración de Impacto Ambiental de mayo de 2002. En 2005, 2007, 2016 y 2020 se tramitan sucesivas modificaciones de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). La AAI de 2007 contemplaba el vertido de 900.000 m³/año de aguas residuales al estuario del Guadalquivir (Red Natura 2000), que están produciendo desde 2009 hasta la actualidad, 24 h al día, 365 días. En la AAI de 2020 se aumentan los vertidos autorizados hasta 2.340.000 m³/año en el mismo punto de vertido.
No se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental rigurosa de ese vertido en Red Natura 2000, ni en 2002 ni en 2020, atendiendo a los objetivos medioambientales del medio receptor y de la ZEC. Los vertidos también podrían afectar al Parque Nacional de Doñana.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el segundo modificado del Plan Especial de la Mina Cobre Las Cruces, que tenía por objeto la ampliación del ámbito de la mina para la ejecución de nuevas escombreras, y que no se había sometido a una adecuada evaluación ambiental estratégica. Esta anulación fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo y las autorizaciones ambientales de las escombreras también fueron anuladas por el TSJA. El tercer modificado del Plan Especial de la mina Cobre Las Cruces, que buscaba permitir una nueva planta de procesado de mineral, también ha sido recurrido judicialmente.
El Ayuntamiento de Gerena instruyó en 2013 un procedimiento sancionador por 23 infracciones urbanísticas, incluyendo la construcción sin licencia de balsas y edificaciones no contemplados en el proyecto minero, hechos que también fueron investigados por la fiscalía.
5. Nuevo proyecto de minería subterránea.
A día de hoy, se está reprocesando parte de los estériles que todavía contienen cobre, a la espera de obtener las autorizaciones para un nuevo proyecto de minería subterránea y refinería polimetalúrgica denominado PMR. La promotora ha detectado zonas de sulfuros primarios de cobre, zinc, plomo y plata, que estiman que pueden suponer la ampliación de la vida productiva por un periodo de 14 años.
Esta nueva mina de interior supondría el uso de más de 84 mil millones de litros de aguas subterráneas hasta 2036, incumpliendo gravemente los objetivos medioambientales vigentes en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) para las masas de aguas subterráneas de Genera y de Guillena-Cantillana. Para escapar a las restricciones que la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea impone en el uso del agua, la empresa minera ha solicitado a la administración, y le ha sido concedida, la declaración de “Interés Público Superior”, al amparo de la excepción prevista en el artículo 4.7. de la citada Directiva Marco. de Aguas.
El proyecto PMR supondría además un vertido en la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir de más de 32 mil millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, sin haber realizado un estudio riguroso sobre el Impacto Ambiental en la biodiversidad del estuario del Guadalquivir, desde La Algaba hasta su desembocadura junto a las costas del Parque Nacional de Doñana.
Además, la empresa minera pretende usar los Fondos Next Generation EU, vulnerando el principio de: “No causar un perjuicio significativo” al medioambiente (principio DNSH: “Do No Significant Harm”), una de las condiciones impuestas por la Unión Europea para poder optar a esos fondos.
En definitiva, la Junta de Andalucía antepone, una vez más, el beneficio y y los intereses de una multinacional frente al derecho de acceso al agua para consumo de la ciudadanía de Sevilla, situando la demandas y peticiones de una empresa minera centrada en sus beneficios por encima de la obligación de conservación y protección del estuario del Guadalquivir. Todo ello con la complicidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
6. Continuos expedientes sancionadores.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incoado continuados expedientes sancionadores, todos a instancias de reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción. Los de 2006 a 2008, se integraron en la sentencia que se dictó por delito medioambiental, septiembre de 2016; los expedientes de 2009 a 2011 quedaron anulados por un conflicto de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir entre la Junta de Andalucía y el Estado.
El Consejo de Ministros resolvió dos expedientes sancionadores muy graves: en julio de 2016 y junio de 2021, con 1.923.091 euros de sanción y 276.927,45 de indemnización por los daños producidos. Y en la actualidad, están en tramitación una multa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 297.000 euros y 89.100,07 de indemnización, otra indemnización de 535.078,71 y otra multa, además, del Consejo de Ministros por 1.000.000 euros y otros 496.882,94 de indemnización, que acaban de declarar caducada por su lentitud en tramitarla.
Todos esos expedientes incluyen la siguiente cláusula: “La obligación inmediata de abstenerse de extraer por drenaje más cantidad de agua de la reinyectada conforme a los márgenes autorizados, hasta tanto no se compense la inyección de volúmenes no retornados a la masa de aguas subterráneas afectadas, en los términos que marca la autorización vigente, con advertencia de que en caso contrario se adoptarán las medidas que procedan”.
Sin embargo, la Confederación nunca ha adoptado ninguna medida efectiva para modificar la conducta infractora de la empresa minera, lo que se traduce en que esos 2,2 millones de euros de sanciones e indemnizaciones pagadas hasta la fecha, resultan irrisorios frente a los 590 millones de beneficios obtenidos.
En enero de 2019, como consecuencia, en parte, de la sobreexplotación del acuífero, se produjo un hundimiento y un derrumbe masivo del talud norte de la corta minera. Esto obligó a sellar la excavación y supuso, por tanto, el fin del afloramiento de agua del acuífero. El final de la explotación a cielo abierto fue en agosto de 2020, al acabar la concesión prevista en esa fecha.
7. La manipulación de la opinión pública.
En 2010 la empresa constituyó la Fundación Cobre Las Cruces con objetivos de ingeniería social. Entre sus actividades se incluye la elaboración de materiales didácticos (‘Guía didáctica sobre la Minería’) y programas (‘Mina en el cole’) dirigido a los colegios de los municipios afectados; a convocatoria de un ‘premio de medio ambiente; un programa de ayudas a asociaciones y colectivos sociales y convenios con los ayuntamientos para dotaciones y financiación.
Cobre Las Cruces también ha participado en varios proyectos europeos centrados en la denominada ‘Licencia Social para Operar’, como los proyectos INFACT y NEMO, que han sido criticados por recopilar información sensible sobre los grupos y movimientos sociales que vienen denunciando las irregularidades de esta y otras empresas.
8. Financiación pública nacional y de la UE.
El proyecto minero Cobre Las Cruces ha recibido numerosas subvenciones. En 2003 el Ministerio de Economía le otorgó 36.942.760 euros y al año siguiente la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía otros 10.555.074 euros. En esta última subvención, la empresa quedaba obligada a cumplir con las condiciones medioambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002. En 2021 Cobre Las Cruces ganó en el Tribunal Supremo un contencioso contra el Gobierno, por haberle denegado este en 2018 una subvención de 23 millones de euros para desarrollar el nuevo proyecto minero.
Cobre Las Cruces también ha sido beneficiaria de fondos europeos. Fue la entidad coordinadora del proyecto INTMET, un proyecto de 7,8 millones de euros en el que recibió 2.737.426 euros, y beneficiaria de los proyectos NEMO, INFACT, BioMOre, o RAWMINA, recibiendo de este último 1,5 millones de euros.
Fuentes utilizadas:
+Ecologistas en Acción (www.ecologistasenaccion.org).
+Observatorio Ibérico de la Minería MINOB (www.minob.org)
Nota. El Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) es una iniciativa de ciudadanía ambiental, reconocido oficialmente por la Universidad de las Naciones Unidas y puesto en marcha para ser una herramienta a disposición de los actores sociales con interés en la minería y la prevención de sus impactoscoma que establece un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas. Su objetivo es facilitar el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales, mitigando las asimetrías existentes y contribuyendo a revertir la pérdida de biodiversidad mediante el uso sostenible de los recursos naturales. El MINOB cuenta con un Comité Asesor Científico-Técnico formado por personas expertas en los ámbitos relevantes para la comprensión de los impactos sociales y ambientales de la minería (hidrología, ingeniería, química, biología, derecho, arqueología, etc.).
