Mina los Frailes

1. LAS MINAS DE AZNALCÓLLAR Y EL CONCURSO PARA LA REAPERTURA DE “MINA LOS FRAILES”.
2. EL MODELO DE EXTRACCIÓN COLONIALISTA QUE AÚN PERSISE Y ES FOMENTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
3. LA CATÁSTROFE INMINENTE PARA EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR.
4. A ESTA CATÁSTROFE INMINENTE LE PRECEDE EL MAYOR DESASTRE AMBIENTAL OCURRIDO EN ESPAÑA, QUE FUE DENUNCIADO PREVIAMENTE Y PUDO HABER SIDO EVITADO.
5. UN CONCURSO ACUSADO DE “FRAUDULENTO” QUE SE ENCUENTRA EN VÍA JUDICIAL PENAL.
6. LA APARENTE “CREACIÓN DE EMPLEO” DE LA MINERÍA FINANCIADA CON NUESTROS IMPUESTOS.
7. LA MANIPULACIÓN SOCIAL PARA “VENDER” COMO BIEN COMÚN LO QUE ES UN EXPOLIO DE NUESTRAS RIQUEZAS Y A LAS EMPRESAS MINERAS COMO “HEROES SOCIALES”.
8. ANDALUCÍA, “ZONA DE SACRIFICIO”.

1. LAS MINAS DE AZNALCÓLLAR Y EL CONCURSO PARA LA REAPERTURA DE “MINA LOS FRAILES”.

El complejo minero de Aznalcóllar, con casi 950 hectáreas, tiene dos cortas mineras a cielo abierto que fueron explotadas desde 1975 hasta 2001 (año de cierre debido al desastre medioambiental acaecido en 1998): La Corta Aznalcóllar que se encuentra saturada de lodos mineros altamente contaminados; y la Corta Los Frailes actualmente inundada de lodos ácidos y contaminados.

La Junta de Andalucía puso en marcha un concurso para la reapertura de la Mina Los Frailes en Aznalcóllar que fue adjudicado, de manera apresurada y presuntamente fraudulenta, en febrero de 2015, en favor del consorcio Minorbis – Grupo México, sin embargo, la posterior aceptación fue firmada por la empresa Minera Los Frailes S.L. (propiedad de Grupo México en un 97,31%). Este concurso minero ha sido denunciado y se encuentra sometido a dos procesos judiciales tanto por la vía administrativa como por la vía penal contra diversos cargos públicos y funcionarios.

En Julio de 2024, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, concedió la denominada Autorización Ambiental Unificada (AAU) y, a pesar de las sustanciales y fundamentadas alegaciones de numerosos grupos ecologistas. Este expediente se denomina formalmente “concesión de explotación de recursos de la sección C denominada Zona Aznalcóllar nº de registro 7976 y NRMA 41C300264”.

En la actualidad, la tramitación para la reapertura de la Mina Los Frailes se encuentra ya en su fase final en la Consejería de Industria, Energía y Minas, teniendo el objetivo de comenzar las obras de este proyecto minero ya en el primer trimestre de este próximo año 2025.

Minera Los Frailes S.L es propiedad de Grupo México (97,31%) y de Magtel (2.69%), siendo Grupo México propiedad de una de las familias más ricas de Latinoamérica y tiene como objetivo extraer, mediante minería subterránea, toda la riqueza actual de metales como oro, plata, cobre, zinc y plomo de la Mina Los Frailes hasta el límite de su rentabilidad económica en la extracción.

2. EL MODELO DE EXTRACCIÓN COLONIALISTA QUE AÚN PERSISTE Y ES FOMENTADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Es significativo señalar que este concurso se tramitó con base en una legislación que data de 1973, procedente de la dictadura franquista (Ley 22/1973 de 21 de julio de minas) y cuya característica principal es que nuestra administración “regala” literalmente los minerales extraídos de nuestra tierra hasta su agotamiento, sin exigir ningún tipo de contraprestación (se trata de una legislación fundamentada en un modelo “de extracción colonialista” típica de países colonizados).

¿Extraer toda la riqueza minera?; ¿a cambio de qué?

Al contrario que en otros países, en España, no hay canon por la concesión de recursos mineros que pertenecen al dominio público, estos derechos de extracción se adjudican a empresas mediante un procedimiento que denominan “concurso” pero sin que exista contraprestación. A esto se suma que las multinacionales que han recibido estos recursos minerales pueden venderlos, una vez extraídos, sin límites o restricciones legales en el mercado internacional

Según los estudios sistemáticos del Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) en el Estado español, a diferencia de otros países, no existe ningún tipo de canon a modo de contraprestación por la riqueza extraída por las multinacionales mineras. Solo existió entre 1876 y 1935, pero desde entonces y aun en 2024 es un tema tabú.

El Estado debería recibir la renta económica integra (precio de venta menos coste de extracción y restauración, coste que incluye un beneficio razonable para el extractor), ya que cualquier pérdida es no sólo para el Estado y sus ciudadanos de hoy en día, sino igualmente para las generaciones futuras. Nada de esto se respeta y la legislación actual sigue manteniendo el mismo modelo desde hace casi 100 años (modelo propio de países colonizados), que propicia el beneficio desmesurado de corporaciones multinacionales inmensamente ricas.

A esto se suma que, a medida que las concentraciones de riqueza minera van disminuyendo, el sector minero busca compensar la situación con un tipo de generación “low cost bulk mining” que genera pasivos e impactos ambientales cada vez mayores.

Es decir, lo tristemente cierto es que la Junta de Andalucía ofrece a los adjudicatarios de los denominados “concursos” mineros los derechos de extracción de recursos minerales preciosos de nuestra tierra, sin que estas empresas deban pagar ningún tipo de canon o contraprestación (*ver los pliegos del “concurso” convocado en 2015 y la legislación minera que data de los años 70).

A este despropósito, hay que añadir que tanto la administración andaluza como estatal subvencionan con fondos públicos parte del teórico empleo que aparentemente genera la industria minera, además de apoyar las campañas públicas de marketing para asegurar la aceptación social mediante el clásico método de “propaganda”.

En definitiva, el Estado y la Junta autorizan el saqueo de una riqueza heredada sin respetar el principio de equidad intergeneracional, donde además estas empresas mineras son presentadas como “héroes sociales” por la publicidad de ingeniería social a la que se dedican muchos recursos públicos.

En definitiva, todos los beneficios son para la corporación multinacional, que se asegura miles de millones de euros en ganancias. Lo cierto es que en el modelo de extracción minera que se mantiene en nuestro país no hay “generación” de riqueza sino “degeneración”, expolio y destrucción de nuestros recursos naturales en proporciones desorbitadas. La riqueza mineral es un legado que debería extraer solo cuando esté suficientemente justificado y no como en la actualidad, para atender al consumismo desenfrenado y la codicia. Porque la responsabilidad nos exige transmitirlo a as generaciones futuras lo más íntegro posible. Además, el uso desmedido actual deja un legado de irreparables daños al medio ambiente y la salud de las personas de imposible reversión.

Pero ahora entremos en “los detalles” sobre los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir que los responsables de la Junta de Andalucía y la multinacional minera se esfuerzan en ocultar.

3. LA CATÁSTROFE INMINENTE PARA EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR.

Este proyecto de reapertura incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que, partiendo del recinto minero de Aznalcóllar y pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, termina en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla ciudad, exactamente frente al Estadio de la Cartuja.

Por la indicada tubería de 30 kilómetros y a lo largo de más de 18 años, se verterán en el cauce del Guadalquivir un total de 85.520 millones de litros de aguas que, según declara la propia empresa Grupo México, contendrá cantidades críticas de metales pesados y metaloides.

A estos 85.520 millones de litros hay que sumar, en el mismo cauce del Guadalquivir, los 11.700 millones de litros de aguas con metales pesados disueltos ya vertidas desde Mina Las Cruces (propiedad de la canadiense First Quantum) entre 2009 y 2022 y los 32.760 millones de litros que, si la ciudadanía no lo impedimos, se verterán durante 14 años (estos 32.760 millones de litros de vertidos ya han sido autorizados para el nuevo proyecto de minería subterránea de Mina las Cruces).

Inicialmente, en la primera fase de vertidos que, además, es la de mayor peligro, se pretende verter 17.520 millones de litros de estas aguas en menos de 18 meses. De ellos, 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de los Frailes, compuesta por aguas ácidas y otros 2.520 millones de litros del vaciado de la Corta de Aznalcóllar, lugar donde están almacenados, desde 1998, los lodos extremadamente tóxicos recogidos tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar. Posteriormente se verterían 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.

En total serán 85.520 (desde Mina Los Frailes de Aznalcóllar) + 44.460 (desde Mina Las Cruces): 129.980 millones de litros

130.000 millones de litros de aguas que las propias empresas mineras reconocen que contendrán metales tóxicos muy peligrosos y se verterán al cauce del Guadalquivir y sin estudios adecuados de impacto de acumulación en los sedimentos y la biota.

Se dará un proceso de depuración de las aguas citadas, pero es un proceso insuficiente. La carga contaminante acumulada autorizada por la Junta para los vertidos en el Estuario del Guadalquivir mantiene un alto contenido en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales. Este vertido podría envenenar el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y a las puertas de los parques Natural y Nacional de Doñana. Esto pondría en grave peligro, no solo la integridad de los ecosistemas, sino la salud de las personas y la seguridad alimentaria de los arrozales de la zona, la pesca, el pastoreo y la cría y engorde de alevines de muchas especies de peces y crustáceos. Además, amenaza la conservación de especies protegidas presentes en el estuario del Guadalquivir.

La contaminación por metales pesados de los sedimentos y las aguas es de larga duración, permaneciendo afectados los ríos mucho tiempo después de que cesen los vertidos, como lo demuestra el estado de otros cauces importantes de nuestra tierra, como el Odiel, Tinto, Oraque, Cobica, Trimpancho, curso bajo del Chanza, etc. Es necesario tomar en cuenta esta duración para ponderar adecuadamente la enormidad del daño de la contaminación por metales pesados. Pero aún más, porque desde nuestros ríos contaminados, proporciones significativas de metales permanecen diluidos y llegan a nuestro mar, el Golfo de Cádiz.

A continuación, presentamos la lista de municipios y espacios naturales protegidos que podrían ser afectados por la contaminación de los vertidos.

Municipios que podrían ser afectados por la contaminación derivada de los vertidos tóxicos mineros:

Términos municipales andaluces:

Sevilla, Alcalá del Río, La Rinconada, La Algaba, Santiponce, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, La Puebla del Río, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de San Juan, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda.

Espacios naturales protegidos protegidos que podrían ser afectados por los vertidos tóxicos mineros:

1.- Paraje Natural Brazo del Este. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar.

2.- Zona de Especial Conservación ‘Bajo Guadalquivir’. Reserva de la Biosfera.

3.- Parque Natural de Doñana. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera.

4.- Parque Nacional de Doñana. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera.

5.- Monumento Natural Corrales de Rota.

6.- Parque Natural Bahía de Cádiz. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar.

7.- Parque Natural la Breña y Marismas de Barbate. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA).

8.- Parque Natural del Estrecho. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.

9.- Paraje Natural ‘Playa de los Lances’. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.

Nota: Se incluyen tanto espacios naturales situados en y junto al Estuario del Guadalquivir como otros más lejanos localizados a lo largo de la costa del Golfo de Cádiz. Los metales potencialmente tóxicos que son transportados desde el Estuario del Guadalquivir al Golfo de Cádiz en eventos de avenidas fluviales suelen ser removidos hacia el Este por las corrientes y vientos de poniente, pudiendo llegar incluso al Mar de Alborán en el Mediterráneo, donde varias publicaciones científicas ya los han datado.

En definitiva, estamos ante una catástrofe inminente ante lo cual, los responsables de la Junta de Andalucía parecen tener como prioridad, no la protección del interés público y el bien común, sino la desinformación de la opinión pública, mediante el apoyo a una campaña mediática de propaganda que no pone de manifiesto la información clave para entender el alcance del desastre. Por ejemplo:

Que se construirá una tubería de 30 kilómetros para conducir, hacia el cauce del estuario del Guadalquivir, las aguas tóxicas venenosas acumuladas en el recinto minero desde el cese de la actividad minera en 2001, y las aguas residuales industriales, también toxicas y venenosas, que se van a producir durante los próximos 20 años, que ellos denominan “agua casi potable” desde la zona minera de Aznalcóllar. Dicha tubería será subterránea.

El término “agua casi potable” es un tecnicismo (o más bien una ironía) creado para confundir, ya que, aunque se da un proceso de depuración, tal y como se ha indicado, este es claramente insuficiente. Si fuese agua realmente casi potable no sería necesario construir una tubería de 30 Km y dicha agua podría ser vertida al río Guadiamar para nutrir los humedales del Parque Nacional de Doñana y/o utilizada para el regadío. Lo cierto es que esto que denominan “agua casi potable” es agua tóxica y venenosa para los ecosistemas y la salud de las personas.

Hay que destacar que, en el proyecto inicial de la promotora minera se pretendía canalizar todas esas aguas tóxicas de residuos hacia el cauce del río Guadiamar. Sin embargo, esto fue rechazado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por exceder los límites de contaminación en mg/litro permitido para los ríos. Entonces, lo lógico habría sido obligar a la empresa promotora a cumplir con los máximos permitidos de contaminación para el río Guadiamar. Sin embargo, los responsables de la consejería que tramita la AAU de la Junta no han optado por “obligar a cumplir” a la empresa promotora con el estándar de depuración para los ríos, tal y como indicaba el buen juicio y protección del interés público

La solución que encontraron fue enviar los vertidos hacia el “estuario” del Guadalquivir que, por desgracia no goza de la misma protección legal que cuando se denomina “rio” (el estuario se considera dominio público marítimo). Sin embargo, es una realidad que los estuarios, en general, se encuentran igualmente condicionados por los factores de contaminación y además, el estuario del Guadalquivir tiene unas condiciones hidrodinámicas particulares que no han sido tenidas en cuenta en absoluto.

Cuando se decide aprovechar el hueco legal para enviar 130 Mil millones de litros de aguas residuales tóxicas al cauce del estuario Guadalquivir (si sumamos los vertidos desde Aznalcollar y los vertidos procedentes de Mina las Cruces), ni la Junta de Andalucía ni las promotoras mineras, han realizado los estudios necesarios e imprescindibles de impacto acumulativo eco-tóxico en sedimentos y la biota para evaluar los efectos en dicho estuario. El principio básico de precaución, ante las peligrosas consecuencias medioambientales y de daño a las personas, por la acumulación de tales cantidades de vertidos, ha sido gravemente vulnerado.

¿Cómo es posible que la administración no haya tenido en cuenta que se trata de dos vertidos inmensos que se acumulan en el mismo cauce y haya procedido a tratar cada uno como si fuesen destinados a “islas distintas”? Se han concedido autorizaciones a ambos vertidos y han visado la documentación entregada por First Quantum (Mina Cobre las Cruces) y por Grupo Mexico (Minera Los Frailes): sin tener en cuenta que cada empresa solo ha calculado (además deficientemente) como se comportara su vertido al llegar al estuario, en las condiciones en que el estuario se encuentra actualmente, es decir, sin considerar que estará teniendo lugar, simultáneamente, otro vertido del mismo tipo de metales pesados a un km escaso de distancia.

Si bien es cierto que las empresas privadas no están obligadas a conocer qué otros vertidos se producirán al cauce durante el período en que proyectan verter, la Administración Pública sí está obligada a conocer todas las afecciones y a actuar en consecuencia, evitando los negativos efectos sinérgicos de la suma de vertidos e informando a la ciudadanía y las empresas interesadas del efecto acumulativo. Y LA ADMINISTRACIÓN NO LO HA HECHO: no ha puesto de manifiesto a cada multinacional minera que habrá dos vertidos, como tampoco a la ciudadanía, de manera que esta información ha sido “desvelada” mediante un estudio sistemático y muy laborioso de técnicos de ecologistas en acción sobre la documentación de la Autorización Ambiental Unificada.

De hecho, los informes presentados por la corporación minera y que han recibido el visto bueno de la administración ambiental, han sido realizados mediante un simulador virtual (siguiendo un modelo de dispersión del vertido en el medio receptor) creado con un programa que calcula resultados en función de los parámetros introducidos por el programador. Mediante este cálculo, presentado por la empresa promotora, se estima el porcentaje de “tóxicos” por litro en mg/l y su impacto en el medio acuático en un radio de 187 metros (lo cual se denomina “la pluma” o zona de mezcla), a partir de los cuales consideran que los componentes venenosos “se esparcen” como si desapareciesen mágicamente. Con este “cálculo” basado en la pluma de 187 metros, la administración considera que las promotoras cumplen con los máximos permitidos para contaminar; y con ello la Administración da el visto bueno. No se tienen en cuenta los factores más importantes: ¡QUE SON 130 MIL MILLONES DE LITROS y no 30 o 40 litros!

Como ya se ha indicado, la acumulación de tóxicos provenientes de una serie de vertidos que sumarán como mínimo 130 MIL MILLONES de litros constituye, obviamente, el factor fundamental de impacto. Pero algo tan sobresaliente y primario, de manera inexplicable, no ha sido tenido en cuenta, estudiado o evaluado y es omitido peligrosamente por la Administración que, lejos de actuar con la prudencia debida, otorga la autorización ambiental unificada (expediente AAU/SE/139/2018/N, sobre la concesión de la sección C) 7.976 “zona de Aznalcollar”).

Sobre esta autorización cabe destacar además que se ha tramitado con presuntas irregularidades significativas, las cuales han sido señaladas en sus alegaciones por Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Amigas de la Tierra, SEO/BirdLife y otras muchas asociaciones Entre estas graves irregularidades, la autorización ambiental unificada “acoge” modificaciones sustanciales del proyecto durante su tramitación, como, por ejemplo, que el volumen de residuos pase, en la fase pre operacional, de 2,6 a 4 Hm3 (casi el doble) y no se someta a una nueva fase de información pública (las modificaciones sustanciales deben ser comunicadas a las entidades afectadas y sometidas a un nuevo periodo de información pública). De esta manera se incrementó y autorizó “graciosamente” una subida a casi el doble del volumen de vertidos durante la tramitación. Hay que señalar que las modificaciones sustanciales introducidas durante la tramitación de esta Autorización Ambiental Unificada repercutían, curiosamente, en beneficio de la promotora y en perjuicio del medio ambiente.

Otra presunta irregularidad importante de la AAU es que hay municipios afectados directamente por los vertidos como Sevilla (punto de vertido de la tubería), Camas, La Rinconada, La Algaba y Alcalá del Río, cuyos términos municipales se verán afectados por los vertidos en función de la dirección de la corriente (por la influencia mareal). Ninguno de estos municipios ha sido notificado en la tramitación de esta AAU y, por lo tanto, no se ha podido someter el proyecto al necesario periodo de conocimiento e información pública.

Ante esta falta de cautela, por parte de los que deberían velar los por el interés general y el bien público, científicos de reconocido prestigio de las universidades andaluzas de Granada, Cádiz y Sevilla han realizado revisiones científicas específicas para evaluar, de manera objetiva, los impactos de estos descomunales vertidos en el estuario del Guadalquivir. Dichas revisiones concluyen levantando dando la voz de máxima alerta: La afectación al medio ambiente y a las personas tendría alcances catastróficos y casi irreparables para el estuario del Guadalquivir, la salud de las personas y muchos sectores económicos y actividades empresariales que dependen del equilibrio del estuario.

Estos informes han sido puestos a disposición de los responsables de la Junta de Andalucía, vía registro oficial, por parte de la comunidad científica independiente, con el objeto de advertir del peligro que supone para el Guadalquivir estos vertidos mineros, no sólo para los ecosistemas sino para la salud de las personas, pero ni siquiera han contestado.

Es decir, los responsables de la administración no han tenido en cuenta los informes y publicaciones científicas que les han sido entregadas por sus autores/as y que documentan que el Guadalquivir ya se encuentra contaminado tras el impacto del primer vertido desde Minas Las Cruces (11.700 millones de litros, desde 2009 hasta 2022, siendo este dato fundamental a la hora de evaluar el impacto de otros vertidos masivos.

El Convenio de la Unión Europea Sobre el “Acceso a la Información”, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente>>, conocido como Convenio Aarhus, ratificado por España en 2005 (BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005) tiene por objeto regular y garantizar la participación efectiva e informada de la ciudadanía y las partes potencialmente afectadas en los proyectos con posible impacto ecológico. No cabe ninguna duda de que el proyecto de vertido de Minera Los Frailes cumple está condición, e igualmente el que ya se efectuó entre 2009 y 2021 por Mina Cobre las Cruces y el que ahora pretende realizar, pues el Convenio cita en el Anexo I, punto 2 la “producción y transformación de metales”, las “instalaciones de tostado o sintetizado del mineral metálico (en particular mineral sulfurado)”. Y el artículo 6, punto 2 dice: “Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto al medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso”. El punto 3 continúa: “… para que el público se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental”. Y el punto 4: “…para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real”.

Pero las administraciones implicadas han decidido no aplicar el Convenio Aarhus, sino que, en un ejercicio de despotismo tecnocrático (léase de opacidad antidemocrática), se han acogido a la fórmula, legalmente cuestionable en megaproyectos de la envergadura de los que nos ocupan, de publicar anuncios en el BOJA con el “gracioso” otorgamiento de un mes para consultar autorizaciones ya resueltas sin ninguna participación informada, real y efectiva del público. Así lo han reconocido públicamente, entre otros/as, Eduardo López, representante andaluz de los agricultores y ganaderos agrupados en la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), José Carlos Escalera, de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, Eduardo Vera, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Rafael Jesús Ruíz, representante de la Asociación de Mariscadores Jarife, de Chipiona o Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, en la Jornada “El estuario del Guadalquivir: potencialidades económicas y pasivos ecológicos”, celebrada el 26 de noviembre de 2004 en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.

Para colmo, el único mecanismo de control de la ejecución de este peligroso proyecto se llevará a cabo por una empresa “escogida y pagada” por la misma corporación minera que contamina. Es obvio que en este mecanismo “el controlador escogido” no puede ser objetivo ni independiente para vigilar a la multinacional de la que recibe el dinero.

Tampoco nos informa la empresa ni la administración pública de que, cuando la mina quede abandonada (18 años), tras una muy cuestionable “restauración” y “sellado” (en puridad, son imposibles en la minería de sulfuros), el agua procedente de la lluvia, las escorrentías y las capas freáticas volverá a las cortas y a las galerías, inundándolas de nuevo, porque habrá cesado el achique. Y toda esa agua en contacto con la zona minera se contaminará, ya que los sulfuros expuestos al oxígeno y la humedad se oxidan y se dispersan como polvo en el entorno y diluidos en las aguas. La extracción que ahora se quiere hacer dejará en el entorno de Aznalcóllar aún más escombreras de las ya colosales que ha dejado Boliden, y enormes galerías, que se inundarán también, como volverán a inundarse las dos cortas que ahora pretenden vaciar.

Y ahí quedarán desde ya y para siempre también los residuos “no inertes”, que es como las empresas y la administración llaman a los residuos de muy elevada concentración tóxica. Grupo México quiere arrojarlos a la corta Aznalcóllar, sobre los que ya contiene, procedentes, como hemos señalado, del desastre de la rotura de la balsa en 1998. Se trata de residuos letales que deberán permanecer controlados por siempre para que no se difundan al entorno y a las aguas superficiales y del acuífero aluvial y de Gerena-Posadas ¿Lo hará Grupo México después de haberse llevado el beneficio?

Por último, hay que destacar que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana que se encuentra entre los espacios naturales protegidos que serían afectados por estos vertidos, no ha sido convocado o notificado durante la tramitación de esta Autorización ambiental Unificada, en grave incumplimiento de las misiones RAMSAR-UNESCO – UICN para la conservación del espacio natural de Doñana

4. A ESTA CATÁSTROFE INMINENTE LE PRECEDE EL MAYOR DESASTRE AMBIENTAL OCURRIDO EN ESPAÑA, QUE FUE DENUNCIADO PREVIAMENTE Y PUDO HABER SIDO EVITADO.

En 1998, con el mismo telón de fondo de la explotación minera de Aznalcóllar, tuvo lugar un descomunal desastre ecológico que había estado gestándose ante la impasibilidad de los responsables, habiendo sido anunciado años antes, pero como ya sabemos, por desgracia, las administraciones públicas no actuaron para evitarlo.

Como resultado, en la madrugada del 25 de abril, se abrió una brecha de más de 50 m en el muro de la balsa de aguas residuales de la mina, que provocó un vertido en la cuenca del río Guadiamar de 6.000 millones de litros de lodos y aguas contaminantes y la muerte de la población animal y vegetal de la zona. También se vio afectado el espacio natural de Doñana, convirtiéndose en el mayor desastre ecológico en España.

Más de 4.600 hectáreas se vieron directamente afectadas por esos 6.000 millones de litros de lodos tóxicos vertidos, con alto contenido en arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc y con residuos procedentes del polo químico de Huelva (fundamentalmente ácidos débiles), que habían sido depositados ilegalmente en la balsa minera durante los años anteriores. Un estudio concluido 1993 por la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Andalucía (EGMASA), que no se ha hecho público, pero del que han trascendido algunas conclusiones a la prensa[1], afirma que desde años anteriores se venían trasladando ilegalmente cientos de miles de toneladas de residuos muy peligrosos originados en el Polo Químico de Huelva con destino a balsas y escombreras de la Faja Pirítica Ibérica, entre otras la de Aznalcóllar.

Los lodos fueron retirados del río Guadiamar y depositados en la corta Aznalcóllar, un hueco minero donde siguen depositados junto con el agua que sigue acumulándose ahí, procedente de la lluvia y las escorrentías que llegan desde las montañas de escombreras del entorno y que se contamina progresivamente de los lixiviados de sulfuros y metales.

La calidad de las aguas subterráneas y superficiales está amenazada desde entonces. Debido a la gran toxicidad de la zona, la Administración se vio obligada a actuar, creando el llamado Corredor Verde del Guadiamar, donde se prohibió la agricultura, la caza, la recolección y el pastoreo para evitar la transmisión contaminante a la cadena alimentaria. Este “corredor verde”, a pesar del nombre, sigue presentando índices nocivos de metales pesados, como lo demuestran abundantes artículos científicos publicados en revistas especializadas y por ello poco accesibles a la mayoría ciudadana. Porque, aunque los lodos fueron retirados y vertidos a la corta Aznalcóllar, parte de los metales penetraron en el suelo, a mayor profundidad, y permanecen ahí, emergiendo según las condiciones ambientales y absorbiéndose por las plantas. Y porque la balsa de lodos siniestrada en 1998 sigue conteniendo unos 13 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas de altísima toxicidad. Aunque en las labores de “restauración” (que en realidad es, porque no puede ser otra cosa, una mitigación precaria y de corta efectividad temporal, dada la larguísima duración de estos focos contaminantes) llevados a cabo tras el desastre de 1998, la balsa fue cubierta por una capa de graba y tierra, los residuos continúan debajo contaminando el acuífero aluvial Agrio-Guadiamar, sin solución posible. ¡Y las autoridades consienten de nuevo la generación de más residuos en las nuevas operaciones mineras proyectadas!

En 2021, tras la huida de la multinacional Boliden, responsable directa del desastre, se hizo cargo de la mina la Junta de Andalucía a través de la empresa pública de gestión medioambiental EGMASA, pero no se habían reiniciado las labores extractivas ni productivas, sino que mantuvieron exclusivamente en funcionamiento los sistemas elementales para intentar minimizar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales.

El nuevo proyecto va a utilizar la corta Aznalcóllar como depósito para los nuevos lodos que se generen, que se añadirán a los millones de toneladas de lodos tóxicos almacenados desde 1998, lo que agravará sin duda ninguna el estado de la corta como foco de contaminación poco menos que permanente al Guadiamar, al Parque Nacional de Doñana y al estuario exterior del Guadalquivir, donde desemboca el Guadiamar. Porque el proyecto de “sellado” que prevén de la misma en la fase de cierre, no es sino un tapado de eficacia precaria y duración corta, con cualquier procedimiento que se haga. No hay ningún procedimiento que logre evitar el filtrado del agua y el oxígeno hacia los residuos metálicos que permanecen debajo de los supuestos “sellados”, aunque puedan mitigarlos durante algún tiempo.

5. UN CONCURSO ACUSADO DE “FRAUDULENTO” QUE SE ENCUENTRA EN VÍA JUDICIAL PENAL.

Volviendo a lo que está detrás de la catástrofe ahora inminente, no se entiende como se siguen tramitando las autorizaciones administrativas, ya que está previsto que, entre marzo y julio del 2025, sean juzgados por la vía penal en la Audiencia Provincial de Sevilla 14 funcionarios y cargos políticos de la Junta de Andalucía, así como los propietarios de Magtel, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.

No es menos significativo destacar que después de la mayor catástrofe ambiental de toda la historia de la minería en España, en lugar de actuar con precaución, cautela y buen criterio, la administración ha tramitado con apresuramiento un denominado concurso presuntamente fraudulento que se encuentra en vía judicial penal. En este contexto, parece ser, según afirman los denunciantes del concurso, que la empresa que se presentó inicialmente a dicho concurso fue Minorbis (una filial de Magtel) y la empresa que obtiene la presunta adjudicación fue el consorcio Minorbis – Grupo México, sin embargo, la empresa que firma la aceptación de los derechos mineros es Minera Los Frailes SL, dirigida y controlada en casi su totalidad (98%) por Grupo México.

Por otra parte, es necesario repasar la historia de Grupo México, como el suceso que causó el mayor desastre ecológico en la historia de México, el 6 de agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 MILLONES de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi (un volumen equivalente a 12 albercas olímpicas o como si un estadio de futbol de 20.000 espectadores se llenase de tóxicos, afectando a más de 22 mil personas. Los efectos de este derrame aún son incalculables. Tal y como se recoge en declaraciones para la BBC, en una noticia publicada el 6 de agosto de 2019, los afectados manifiestan “todavía tenemos miedo de tomar de esa agua. Prometieron que iban a poner potabilizadoras pero no han cumplido…las enfermedades han aumentado. Las cosechas han disminuido y ahora no hay aves” (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49201982).

El País ha publicado un reportaje en fecha de 6 de agosto de 2024 titulado “El desastre del rio Sonora: 10 años de contaminación y promesas rotas” en el que se recoge expresamente: “Fue el peor desastre de la minería que se recuerda en México. El 6 de agosto de 2014 millones de litros de residuos tóxicos fueron vertidos al río Sonora por la minera Grupo México. El derrame impactó en la salud y la vida de 22.000 personas, en sus campos y sus animales. Muchos afectados han muerto, otros se arruinaron y la mayoría se fue de sus casas. Los pocos que quedan, resisten junto al peligro. Sin acceso al agua, sin acceso a atención médica, abandonados por los Gobiernos que miraron y siguen mirando hacia otro lado. Mientras tanto, la zona cero del desastre sigue contaminada. La mina sigue abierta y tiene una de las mayores concesiones de agua potable del país. Las tierras y los pozos guardan altos niveles de metales pesados que han acabado en la sangre de los habitantes del río. Diez años después de aquello, las víctimas del río Sonora exigen justicia, reparación y condenas que no llegan.

También hay que destacar los conflictos originados por esta multinacional en Peru: como describe la BBC: (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150514_peru_proyecto_tia_maria_mexico_lav).

En 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados en Pasta de Conchos por una explosión debida a la acumulación de gas metano. La mina, operada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados.

6. LA APARENTE “CREACIÓN DE EMPLEO” DE LA MINERÍA FINANCIADA CON NUESTROS IMPUESTOS.

Desde la Junta de Andalucía se esgrimen argumentos como la carga de trabajo directo e indirecto que proporcionará esta reapertura de Mina Los Frailes, pero el teórico empleo que se pueda generar recibe financiación de subvenciones públicas. Sin embargo, de modo intencional, no se computan los muy negativos efectos para muchos otros sectores económicos y empresas que se verán afectados por el desastre medioambiental en el Guadalquivir, lo que ha sido puesto de manifiesto por los representantes de agricultores, arroceros, pescadores y mariscadores en la Jornada referida del 26 de noviembre de 2024.

Tampoco se mencionan los puestos de trabajo que se perderán; las zonas que se degradarán; las especies de flora y fauna que se contaminarán o que incluso desaparecerán; la contaminación que provocará; la afección grave de la seguridad alimentaria y de todos los sectores económicos que se verán seriamente afectados.

Por otra parte, y no menos importante, el Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado en sus estudios (*ver informe del MINOB titulado “minería y financiación pública”) como el supuesto empleo que se genera en la actividad minera acaba por ser temporal (hasta el cierre o quiebra de la empresa) y como la propia actividad insostenible produce una depresión económica tras el cierre. Las empresas no cargan con los pasivos ambientales y sociales (contaminación y desempleo) que generan, sino que además maximizan sus beneficios a base de minar las arcas públicas de las que extraen subvenciones, bienes de dominio público (los recursos minerales saqueados sin contraprestación), beneficios fiscales exclusivos (régimen fiscal de minería) y la facultad de expropiación forzosa a precios irrisorios.

La minería continúa siendo una de las actividades más destructivas a escala planetaria, provocando impactos muy negativos en la biodiversidad, la calidad y disponibilidad de agua y la salud humana. A pesar de la existencia de técnicas de depuración de aguas para abordar problemas de vertidos, la administración andaluza ignora estas posibilidades siempre en favor de las empresas mineras que buscan gastar lo menos posible en depurar para su máximo beneficio.

Si bien la legislación europea y el sentido común dictan que “quien contamina paga y debe restaurar”, los casos documentados estudiados por el MINOB evidencian una pauta habitual en la que aquellas explotaciones con mayor grado de incumplimiento son las que reciben más subvenciones públicas. Además, las multas impuestas resultan irrisorias en comparación con los beneficios que reporta el incumplimiento de estándares ambientales y laborales. Esta inyección constante de fondos públicos a las empresas mineras supone en realidad un premio a las malas prácticas.

A las subvenciones “licitas” se suma el apoyo encubierto que representa establecer avales de restauración insuficientes o inexistentes y la ejecución de restauraciones con fondos públicos. Por otra parte, como ya se ha indicado, es muy significativo que no exista un canon sobre el valor de lo extraído, considerando que los minerales son bienes de dominio público.

Las tres categorías de financiación pública de las que se beneficia la minería podrían resumirse en las siguientes:

+ Financiación pública de la minería contaminante mediante subvenciones muy cuantiosas.

+ Financiación pública de las campañas de propaganda (marketing que presenta a las entidades mineras como “héroes sociales”).

+ Ayudas públicas encubiertas.

En relación a las ayudas públicas encubiertas cabe destacar que existe un régimen fiscal específico favorable al sector minero que además puede obtener cuantiosas deducciones por el denominado “factor de agotamiento”, sin embargo, como ya se ha señalado, no existe ningún tipo de canon o tributo que grave el valor de los minerales extraídos que pertenecen al dominio público y permita compensar el valor de lo extraído de nuestra tierra que estas empresas pueden vender en mercado libre al precio que les convenga.

Además, hay que señalar que existen otras vías de apoyo económico encubierto en relación con los denominados “avales de restauración” que habitualmente son fijados, por parte de la administración, en un valor muy inferior al coste real de restauración. La determinación de la cuantía de los avales de restauración es fundamental siendo muy frecuente que por connivencia o por negligencia los montantes sean inferiores al coste real.

Además, no se trata estrictamente de avales sino de cuantías de caución en las que intervienen empresas aseguradoras, siendo que el Estado solo podrá cobrar lo depositado por la minera en cuestión si se sustancian judicialmente incumplimientos o transgresiones de la legalidad. Pero nunca podrá el Estado resarcirse por los costes sobrevenidos de mantenimiento de las instalaciones abandonadas, como es seguro que por mucho tiempo requerirán los pasivos ambientales de toda mina de sulfuros, dada la naturaleza química de estos “pasivos”, que continúan activos por muchos años y sucesivas generaciones.

¿Se imaginan los autónomos una ayuda similar? Es evidente que ningún autónomo o empresa corriente goza de nada parecido a las inmensas gratuidades, facilidades y ventajas múltiples de estas multinacionales mineras.

7. LA MANIPULACIÓN SOCIAL PARA “VENDER” COMO BIEN COMÚN LO QUE ES UN EXPOLIO DE NUESTRAS RIQUEZAS Y A LAS EMPRESAS MINERAS COMO “HEROES SOCIALES”.

Ciertamente ha pasado mucho tiempo desde la mítica película “Bienvenido Mr. Marshall” de 1953, sin embargo, describe muy bien la inquietante actualidad del sector minero y su masiva campaña de propaganda dirigida a la manipulación social. Con este referente, casi podríamos hacer una comedia con todos los ingredientes clásicos en la relación “minería y clase política”, si no fuese porque el resultado de la devastación que acompaña al sector minero se parece mucho más a una película de terror o a una tragedia.

En el informe del MINOB titulado “Minería y derechos sociales” se describen en detalle las estrategias de ingeniería social desplegadas por el sector minero para alcanzar y mantener la denominada “aceptabilidad social”. Para ello el sector minero utiliza entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, que gozan de beneficios fiscales que les permite que la totalidad de gastos destinados a la propaganda y a pagar tramas clientelares y complacencia servil (camisetas de futbol y balones para los equipos locales, agendas con propaganda pro-minera, bombillas y farolillos en las ferias, alguna beca para libros al/a la mejor estudiante de la promoción…) sean deducibles fiscalmente.

La aceptabilidad social ha pasado a ser considerado el principal riesgo para las empresas mineras, cuando se enfrentan a una ciudadanía consciente y activa, que rechazará por indigno el servilismo por dádivas y denunciará infracciones en materia de derechos medioambientales, laborales o de corrupción, obligando a las administraciones a actuar para sostener la legalidad.

8. ANDALUCÍA, “ZONA DE SACRIFICIO”.

Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, explica en sus artículos (en especial en el artículo titulado “capitalismo y colonialismo “verdes””) que, por desgracia, los pueblos del sur, como Andalucía, vuelven a ser zonas de sacrificio para esta nueva etapa de acumulación que dará lugar a nuevas formas de colonialismo.

Detrás de cada megaproyecto minero hay una larga historia de efectos de destrucción de hábitats, de contaminación, agotamiento del agua, de envenenamiento de tierras y de impactos sobre la salud de las personas. La minería ha venido siendo históricamente uno de los instrumentos esenciales de la dominación y el colonialismo sobre los pueblos del sur.

En este sentido la Junta de Andalucía ha sido pionera. En las dos últimas legislaturas, el gobierno ha concedido más de 1000 derechos mineros sobre una superficie de 700.000 hectáreas. Casi el 10% del territorio andaluz se encuentra en esta situación de potencial minero. La reactivación de la minería como “pilar estratégico de un nuevo modelo productivo para Andalucía” y la reapertura de explotaciones como Riotinto, Las Cruces o el desastre inminente con la reapertura de Mina Los Frailes, se ha realizado con la complicidad de las empresas mineras, las corporaciones y el gobierno de la Junta, por acción u omisión, con conductas que han ocasionado graves daños y altos riesgos ecológicos y sociales.

Teniendo en cuenta el mapa minero del Observatorio Ibérico de la Minería, la extracción minera no es algo que se distribuya de manera uniforme por la península ibérica o por el Estado español. Es algo que se concentra de una manera intensa en las economías del Sur o periféricas dentro de la península, especialmente en Andalucía, Galicia y Extremadura. En concreto el extractivismo minero más agresivo y destructivo, el del mineral polimetálico, se localiza en más de un 90% en Andalucía. Este extractivismo es el que se ha venido practicando aquí desde mitad del siglo XIX con todas las características de una economía colonial, subalterna y dependiente, que ha supuesto una interiorización y una subalternidad que trasciende lo económico para instalarse también en los ámbitos de la política y de la cultura en el sentido antropológico. Esa inferiorización, esa subalternidad marca de manera fundamental las condiciones en las que la vida social y natural se desenvuelve en Andalucía. Por eso se pueden implantar aquí esas barbaridades que en otro sitio no serían asumibles, y por eso cuando se habla de esta actividad minera hay que asociarla y situarla en Andalucía.

 

Fuentes utilizadas:

+Ecologistas en Acción (www.ecologistasenaccion.org).

+Observatorio Ibérico de la Minería MINOB (www.minob.org)

Nota. El Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) es una iniciativa de ciudadanía ambiental, reconocido oficialmente por la Universidad de las Naciones Unidas y puesto en marcha para ser una herramienta a disposición de los actores sociales con interés en la minería y la prevención de sus impactoscoma que establece un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas. Su objetivo es facilitar el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales, mitigando las asimetrías existentes y contribuyendo a revertir la pérdida de biodiversidad mediante el uso sostenible de los recursos naturales. El MINOB cuenta con un Comité Asesor Científico-Técnico formado por personas expertas en los ámbitos relevantes para la comprensión de los impactos sociales y ambientales de la minería (hidrología, ingeniería, química, biología, derecho, arqueología, etc.).

[1] El diario ABC reprodujo extractos del citado estudio en su edición de Sevilla del día 2 de mayo de 1994, y una entrevista a José Manuel Cantó, que, junto a José Manuel Mena, habían denunciado el hecho. Cantó, jefe entonces de los Servicios Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente en Huelva, había sido el coordinador del referido estudio de EGMASA. Muy poco tiempo después de la aparición en la prensa de la información fue expedientado y suspendido de empleo y sueldo.